BUENOS AIRES (AP) — Decenas de organizaciones sociales y partidos de izquierda se manifestaban el viernes en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para reclamarle al presidente ultraliberal Javier Milei el envío de alimentos a los comedores populares a los que acuden familias sin recursos y en contra de sus políticas de ajuste.
Miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano bloqueando parcialmente la vía pública pese al protocolo de seguridad del gobierno que prohíbe los cortes, para exigir a la ministra Sandra Pettovello que “resuelva el problema del hambre” en Argentina, donde la pobreza afecta a más de 50% de la población de unos 47 millones de habitantes, según organismos privados, y una inflación de 254,3% anual.
La jornada de protesta, que fue convocada con la consigna de cortar 500 calles y rutas en todo el país, aglutina detrás de un mismo reclamo a organizaciones sociales peronistas y de izquierda que anteriormente canalizaban sus demandas de forma separada.
Eduardo Belliboni, líder del partido Polo Obrero, dijo a The Associated Press que se han unido más de 50 organizaciones “que pelean contra el hambre” en un contexto de inflación galopante “porque hace más de dos meses que el Estado no entrega comida” a unos 45.000 comedores populares “producto de una política de ajuste de Milei”.
“Esperamos que el gobierno escuche este reclamo porque de no hacerlo vamos a continuar con el plan de lucha”, sostuvo el dirigente izquierdista.
Belliboni cuestionó que el programa del gobierno para reducir el gasto público y alcanzar el equilibrio de las cuentas lo “estén pagando los sectores sociales más empobrecidos como trabajadores, jubilados, desocupados o quienes tienen trabajos precarios”.
Carlos Fernández, quien trabaja en un comedor popular al sur de la capital argentina y milita en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL ), dijo por su lado que el desabastecimiento de alimentos que comenzó a producirse el año pasado bajo la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023) se agudizó gravemente con el gobierno de Milei, que asumió el poder el 10 de diciembre.
“El año pasado sólo nos hicieron cinco entregas de alimentos; ya veníamos con un piso terriblemente malo… los comedores hoy se sostienen a pura autogestión de los compañeros que piden donaciones a empresas, vecinos, a los municipios y con eso tratan de abrir aunque sea unos días a la semana; pero eso no se va a poder aguantar mucho más”, se lamentó Fernández.
El activista indicó que esos comedores no sólo reparten comida sino que prestan una función social. “Si no estuvieran lo único que habría en los barrios son las redes de narcotráfico; porque allí se atienden situaciones de violencia de género, de pibes (jóvenes) a los que se ayuda para terminar sus estudios”.
Otro de los reclamos de los manifestantes gira en torno a la decisión del gobierno de no atar más el monto del dinero que reciben cientos de miles de trabajadores precarios por sus tareas laborales en el marco de un programa de asistencia social al salario mínimo, que fue actualizado en 180.000 pesos (unos 209 dólares).
El gobierno ha admitido que los programas sociales más urgentes están frenados porque están viciados de “discrecionalidad” y anunció recientemente que “las organizaciones piqueteras” ya no tienen a cargo la distribución de los alimentos y otras ayudas estatales.
El gobierno impulsa en cambio la asistencia monetaria mediante la llamada tarjeta Alimentar que, según afirmó, llega al bolsillo de 3,8 millones de personas sin ningún intermediario.
Durante febrero se transfirieron 132.000 millones de pesos (unos 153 millones de dólares) a través de esa tarjeta, mientras que en diciembre el monto había sido de 66.000 millones (cerca de 77 millones de dólares), lo que da cuenta de un incremento del 100% en la prestación, dijo el Ministerio de Capital Humano, a cargo de los programas sociales.
También sostuvo que detectó “discrecionalidad en la elección de los beneficiarios” de las partidas alimentarias, que la calidad de los alimentos era baja y los costos altos “por la burocracia que implica la compra y la distribución”, mientras que el control de la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado “era nulo”.
“Decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, precisó el ministerio.
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